Muchas veces, para solucionar un siniestro de forma rápida, o porque no se está de acuerdo con los profesionales de las compañías de seguros, el asegurado, es decir, la comunidad, decide acometer por su cuenta las reparaciones necesarias para, posteriormente, pasar las facturas al seguro.
Nos podemos encontrar, en estos casos, con multitud de problemas a la hora de que luego nos indemnicen el importe que finalmente hemos pagado y justificado. ¿Por qué?.
Puede que no hayamos tenido en cuenta que las compañías de seguros, en las roturas de canalizaciones por ejemplo, no van a indemnizar más allá del tramo donde está la rotura., es decir, entre 1 y 2 metros como mucho. El resto lo considerarán una inversión en mejora o mantenimiento que quizá, de haberlo sabido la Comunidad, no hubiera acometido en el momento.
Tampoco van a pagar precios que estén notoriamente por encima del mercado aunque a nosotros no nos lo parezca, o incluso la imputación de un IVA en las facturas que no se corresponde con la normativa aplicable. Recordar en este sentido que hay obras o trabajos de rehabilitación que pueden ir al 8% de IVA y acaban facturándose a la Comunidad al 18%.
Tema a parte es la formalización de las facturas, muchas veces no llevan datos del emisor ni su NIF, otras número de factura, otras desglose de conceptos e IVA, y el colmo ya es que no lleven nada, solamente un concepto e importe final, en fin que no hay ni por donde cogerlas.
Por estos motivos es conveniente, en la medida de lo posible, si la Comunidad quiere reparar directamente los daños, solicitar antes presupuestos de los trabajos con reparadores que ofrezcan un mínimo de seguridad y legalidad en todas las áreas de actuación, es decir, fontanería, albañilería, pintura, parqué,… etc. Aquí es muy importante la labor del Administrador, aunque también el Corredor puede aconsejar y poner en contacto a unos y otros.
Una vez conseguido lo anterior, pasar dichos presupuestos a su mediador o al perito para confirmar autorizaciones y evitar así tener después que reclamar cantidades que la compañía de seguros nos niegue.